San Marcos: violencia tras rendición de cuentas
Redacción Voz Huascarán13 de setiembre de 20262 min de lectura
Una regidora terminó agredida y denunció el robo de su celular tras una audiencia pública. El caso genera preguntas sobre la seguridad y fiscalización.
Una audiencia que debía servir para informar a la población terminó con una denuncia de agresión física contra una regidora y el robo de su teléfono celular.
El episodio ocurrió en San Marcos, distrito de la provincia de Huari, después de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2024, según la información difundida el 9 de octubre de ese año.
La víctima señalada fue la regidora Dagmar Borda, quien habría sufrido una violenta confrontación al finalizar la actividad.
De una audiencia pública a una agresión
La rendición de cuentas constituye uno de los momentos en que una administración municipal debe explicar ante la ciudadanía qué hizo con los recursos públicos y cuáles fueron sus resultados.
Por ello, que una actividad de esta naturaleza termine con una denuncia de violencia resulta especialmente preocupante.
Según la versión difundida, la regidora habría sido atacada por varias personas.
Durante el enfrentamiento, una de las presuntas agresoras habría mordido uno de sus dedos, ocasionándole una lesión.
También denunció el robo de su celular
El caso no se limitaría a la agresión física.
La regidora habría denunciado además la sustracción de su teléfono celular durante los hechos.
Esto convierte el episodio en un asunto que debería ser investigado por las autoridades correspondientes para establecer qué ocurrió exactamente y quiénes participaron.
El nombre de Silvia Peña aparece en la denuncia
La información proporcionada identifica a Silvia Peña Vargas como una de las personas señaladas en relación con el ataque.
También se mencionan posibles vínculos familiares con el entorno de la primera dama municipal.
Sin embargo, un vínculo familiar no demuestra participación en una agresión.
La responsabilidad debe establecerse a partir de pruebas y no de relaciones personales.
Las sospechas que apuntaron al alcalde
En la publicación difundida posteriormente también se planteó la posibilidad de una eventual complicidad o conocimiento del alcalde Manuel Ugarte Medina.
Es una afirmación extremadamente grave.
Pero debe diferenciarse claramente entre una sospecha política y una responsabilidad acreditada.
Hasta que una investigación determine lo contrario, no corresponde afirmar que el alcalde ordenó, coordinó o participó en el ataque.
Lo que sí corresponde preguntar es si las autoridades municipales conocieron el incidente, qué medidas adoptaron y si colaboraron con la investigación.
El verdadero problema es la fiscalización
Más allá de las disputas políticas, existe una preocupación de fondo.
Si una regidora fue agredida después de participar en una actividad oficial de rendición de cuentas, el mensaje para otros funcionarios y ciudadanos sería preocupante.
La fiscalización necesita garantías.
Los regidores pueden cuestionar, investigar y pedir explicaciones sin que una controversia política termine en violencia.