ROBO DETRÁS DEL VOTO: GOLODRINOS EN ÁNCASH
Redacción Voz Huascarán27 de agosto de 20262 min de lectura

Operadores políticos en San Marcos (Áncash) contratan ''golondrinos'' gente de otras provincias, para que voten por ellos.
A pocas semanas de los comicios electorales, en diversos distritos de la sierra ancashina se incrementan las denuncias sobre la presencia de electores foráneos inscritos para votar en localidades donde no residen. Esta práctica, conocida técnicamente como "voto golondrino", consiste en la alteración del padrón electoral mediante domicilios falsos para inclinar los resultados de las votaciones locales.
El mecanismo operativo involucra a redes de financiamiento político que gestionan el traslado de ciudadanos desde otras provincias. A estos electores se les financia el viaje y se les tramita el cambio de dirección en el Documento Nacional de Identidad (DNI) hacia inmuebles deshabitados, habitaciones alquiladas o terrenos baldíos dentro de la jurisdicción elegida.
Marco legal y sanciones penales por domicilio falso
El marco jurídico peruano sanciona de manera severa la alteración de los registros electorales. De acuerdo con el artículo 359 del Código Penal, la conducta de declarar una dirección falsa ante el organismo de identificación comporta consecuencias penales directas:
Pena privativa de la libertad: De 2 a 8 años de cárcel para los ciudadanos que inscriban un domicilio falso.
Sanción a organizadores: La misma pena aplica para los dirigentes o promotores políticos que financien u organicen la movilización masiva de electores.
A pesar de la tipificación legal, el elevado presupuesto de canon minero que gestionan municipalidades de la región incentiva el uso de este mecanismo en contiendas electorales disputadas por escaso margen de votos.
El caso del distrito de San Marcos en la provincia de Huari
El distrito de San Marcos, en la provincia de Huari, representa un caso recurrente de fiscalización sobre el padrón electoral debido a los recursos económicos procedentes de la actividad minera de Antamina.
En procesos como el de 2014, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Defensoría del Pueblo debieron intervenir ante las denuncias sobre cientos de votantes inscritos en chozas abandonadas o direcciones inexistentes. En distritos de menor escala demográfica, el traslado de doscientos o trescientos electores foráneos resulta determinante para definir la composición de las autoridades ediles.
Mecanismos legales para la impugnación de padrones
Frente a las irregularidades en el padrón electoral, la legislación prevé vías administrativas y legales para transparentar el registro de votantes:
Tachas ante el RENIEC: Presentación de solicitudes fundamentadas con pruebas documentales para objetar la inscripción de personas que no residen habitualmente en el distrito.
Fiscalización del JEE: Verificación de campo casa por casa a cargo de los fiscalizadores del Jurado Electoral Especial para constatar la vivencia real de los inscritos.
Verificación de empadronamiento: Cruces de información entre el registro de identificación y las bases de datos de servicios públicos locales.