ROBO DETRÁS DEL VOTO: GOLODRINOS EN ÁNCASH

Cuando faltan pocas semanas para las elecciones, en las quebradas y distritos de la sierra se repite la misma indignación: gente de afuera llega a decidir quién manda en tierra ajena. A esta maña se le llama "voto golondrino". No es un descuido de trámite ni una viveza sin importancia; es meterle la mano al padrón para torcer la voluntad de los comuneros que de verdad viven, sufren y trabajan en el lugar.

La trampa es conocida. Operadores políticos contratan a gente de otras provincias, les pagan el pasaje, les tramitan el cambio de domicilio en el DNI y los hacen figurar viviendo en cuartos alquilados, terrenos baldíos o casas donde nadie los conoce. El artículo 359 del Código Penal castiga esto con cárcel de dos a ocho años, tanto para el que pone una dirección falsa como para el cabecilla que organiza el traslado. Sin embargo, cuando el botín municipal es grande, la ley suele quedar de adorno.

El caso de San Marcos, en la provincia de Huari, región Áncash, es la muestra más clara de cómo la plata de los recursos atrae esta distorsión. Conocido por ser uno de los distritos más ricos del Perú por el canon minero de Antamina, San Marcos ha visto desfilar por años denuncias de padrones inflados. Para los comicios del 2014, la Defensoría del Pueblo y el propio Jurado Nacional de Elecciones tuvieron que intervenir ante el escándalo de cientos de personas inscritas en direcciones fantasma y chozas abandonadas donde supuestamente vivían decenas de electores que nadie del pueblo había visto jamás.

La tensión comunal en Huari llegó al límite porque la propia gente de San Marcos vio cómo votantes traídos desde la costa o de caseríos lejanos definían el sillón municipal y el manejo de cientos de millones de soles, mientras el pueblo seguía con pistas rotas y postas médicas sin medicinas. El patrón se ha repetido en otros valles como Culebras o en pueblos de Ayacucho como Iguaín, donde la sospecha de votos comprados desató protestas y bloqueos de carreteras.

En distritos pequeños de mil o dos mil electores, mover a doscientas personas de afuera cambia por completo la historia. El resultado es una autoridad sin arraigo ni compromiso con la comunidad, puesta únicamente para pagar favores a espaldas del pueblo.

Frente a esto, la única salida real no son las quejas al aire ni la violencia, sino la tacha documentada ante el RENIEC y el Jurado Electoral Especial. El cruce riguroso del padrón y la verificación casa por casa son las únicas herramientas legales para frenar este fraude silencioso y devolverle el gobierno local a sus verdaderos dueños.