Escándalo en San Marcos: Denuncian a exalcalde Palacios

¡La impunidad se acaba! La población del distrito de San Marcos ha alzado su voz de protesta ante los oscuros antecedentes que siguen saliendo a la luz sobre la administración del exalcalde Christian Palacios Laguna. Mientras la exautoridad acude al banquillo de los acusados para responder en juicio oral por imputaciones de corrupción de funcionarios, un nefasto episodio de abuso de autoridad y atropello social vuelve a encender la pradera en la provincia de Huari.

Un grave caso de despojo territorial, perpetrado el 8 de abril de 2022, expone la forma brutal con la que el aparato municipal habría actuado en contra de los ciudadanos más humildes y vulnerables de la zona rural.

¿Gestión municipal o una red de atropello institucional?

De acuerdo con las evidencias recopiladas, la tarde del 8 de abril, al promedio de las 3:30 p.m., un contingente de la Municipalidad Distrital de San Marcos irrumpió con violencia en el sector de Shiquip. El objetivo de la incursión fue despojar de su terreno a un humilde comunero con más de tres décadas de vivencia continua e ininterrumpida.

Bajo la venia del entonces alcalde Christian Palacios y con la participación directa de su asesor jurídico, un abogado de apellido Diego, la comitiva irrumpió sin presentar documento legal alguno. Actuando como "dueños y señores" del distrito, desmantelaron la humilde infraestructura del comunero. Testigos denunciaron que la intervención derivó en un auténtico pillaje: los materiales de mayor valor —como las calaminas del techo— fueron incautados y derivados a la localidad de Orcosh, mientras que los enseres del hogar fueron destrozados y arrojados al río sin la menor piedad.

Sin saneamiento en SUNARP ni aval de la Comunidad

Para maquillar el atropello, la exgestión municipal pretendió respaldarse en un supuesto contrato de compraventa espurio. Sin embargo, el terreno en cuestión pertenece ancestralmente a la Comunidad Campesina de Huaripampa. Las leyes de comunidades campesinas establecen con claridad que ningún bien comunal puede ser vendido ni cedido sin el voto mayoritario de los comuneros en una Asamblea General, requisito que jamás se cumplió.

Sumado a ello, el predio carece por completo de saneamiento físico-legal e inscripción en la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP). Pese a este vacío legal, la gestión de Palacios pretendió imponer la fuerza para ejecutar obras propagandísticas, haciendo caso omiso a las cartas notariales enviadas por los afectados, las cuales fueron ignoradas sistemáticamente durante meses.

Exigen la máxima pena para los responsables

La indignación en el callejón de Conchucos es total. La ciudadanía exige que el sistema judicial no afloje el paso y aplique todo el peso de la ley. Christian Palacios Laguna hoy afronta un juicio oral decisivo por corrupción en el ejercicio del cargo, pero no podrá evadir las consecuencias penales de este nefando ataque.

Los afectados ya impulsan acciones legales ante la Fiscalía de Huari por usurpación agravada y abuso de autoridad. El pueblo sanmarquino demanda que la justicia detenga los atropellos y siente un precedente histórico contra quienes utilizaron el poder municipal para pisotear la dignidad de las familias campesinas.