El alcalde, el prófugo y los millones de San Marcos

Hay historias que comienzan con una pregunta sencilla y terminan en los expedientes de una municipalidad.

Esta es una de ellas.

Manuel Ugarte dirige una de las comunas con mayores recursos mineros de Áncash. Gino Huamán Osorio, exfuncionario con antecedentes judiciales por corrupción, aparece ahora mencionado en denuncias que atribuyen una presunta influencia sobre decisiones de la actual administración.

¿Existe realmente esa conexión?

Esa es la pregunta que las autoridades deberían responder.

Una historia que conecta distintas gestiones

La denuncia señala que Huamán habría mantenido vínculos con personas que ocuparon cargos durante anteriores administraciones municipales y que algunos de ellos conservarían influencia dentro de la estructura actual.

El señalamiento más delicado sostiene que Huamán actuaría como una especie de asesor informal.

No existe, hasta el momento, documentación suficiente presentada públicamente para afirmar que dirige la municipalidad.

Por eso, la investigación debe comenzar precisamente allí.

¿Quién recomienda a los funcionarios?

Una de las acusaciones apunta a la designación de personas que posteriormente habrían participado en comités de selección.

Entre los procesos mencionados aparece el alquiler de camionetas.

La pregunta es concreta:

¿Quién decidió quiénes integrarían esos comités?

Si fueron designaciones regulares, los documentos municipales deberían demostrarlo.

Si existieron recomendaciones externas, también deberían quedar rastros.

Una municipalidad con miles de millones

El contexto económico vuelve el asunto todavía más sensible.

San Marcos ha recibido, según cifras citadas de ComexPerú, más de S/4,052 millones en canon y regalías mineras desde 2001.

Para 2025 se menciona un presupuesto de inversión cercano a S/963.9 millones.

Estamos hablando de recursos capaces de transformar completamente un distrito.

Agua, saneamiento, carreteras, agricultura, educación y salud dependen de que ese dinero termine convertido en obras y servicios.

¿Y qué está ocurriendo con las obras?

La información proporcionada menciona un proyecto de agua potable y alcantarillado superior a S/134 millones que habría acumulado retrasos importantes.

También se señalan observaciones en proyectos viales, incluyendo un supuesto perjuicio superior a S/3.4 millones.

Estas cifras no permiten atribuir automáticamente responsabilidad al alcalde. Cada caso requiere identificar a los funcionarios responsables y revisar los informes de control correspondientes.

Pero sí plantean una pregunta legítima:

¿Quién está respondiendo por los resultados?

Porque cuando una municipalidad administra cientos de millones, los problemas de gestión dejan de ser simples errores administrativos.

Tienen consecuencias concretas para la población.

El silencio también genera preguntas

Si la denuncia sobre Huamán es falsa, la respuesta debería ser sencilla: documentos.

Si existe algún vínculo profesional, político o personal, también debería explicarse cuál es su naturaleza.

Lo que no debería ocurrir es que una denuncia de esta magnitud termine perdida entre versiones enfrentadas.

San Marcos necesita saber quién decide, quién recomienda y quién responde.

Porque los millones pertenecen al distrito, no a quienes temporalmente ocupan el poder.